España.Los cargos que oculten o falseen datos contables podrán ser inhabilitados durante 10 añosSpain. The charges that hide or distort accounting data may be disqualified for 10 years

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* El Gobierno presenta la ley de transparencia y acceso a la información
* La administración tendrá un mes para dar los datos que pidan los ciudadanos
* La ley no afectará a la Casa Real por no ser una administración pública
* El Ejecutivo central fijará en los presupuestos el sueldo de alcaldes y concejales
* Los ciudadanos tienen 15 días para hacer sus aportaciones al texto* The Government has the law on transparency and access to information
* The administration will have a month to provide the data requested by citizens
* The law does not affect the royal family for not being a public
* The central executive budgets set at the salary of mayors and councilors
* Citizens have 15 days to make their contributions to the text

Los cargos públicos que oculten o falseen datos podrán ser inhabilitados durante 10 años. Es una de las medidas que recoge el proyecto de ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno que ha tratado el Consejo de Ministros este viernes.

Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la nueva norma incluirá además la posibilidad de que cada año el Gobierno fije el sueldo máximo que podrán recibir alcaldes y concejales a través de los presupuestos generales del Estado.

Todas las administraciones tendrán que tener disponibles, “de forma activa y sin solicitud previa alguna”, los datos sobre contratos, convenios, subvenciones, presupuestos y sueldos de sus cargos públicos.

Al margen, los ciudadanos podrán solicitar otros datos. Todas las administraciones tendrán un mes de plazo para responder a cualquier solicitud de información que realice un ciudadano con el único límite de la protección de datos personales y la seguridad nacional.

El Gobierno para ello pondrá en marcha un Portal de Transparencia para canalizar las peticiones. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrán utilizar esta plataforma para responder sus solicitudes o poner en marcha sus propias plataformas en internet.

15 días para recibir las aportaciones de los ciudadanos
De momento, el texto de la ley de transparencia, acceso de información y buen gobierno, que ha sido sometido a una “primera lectura” en el Consejo de Ministros, estará disponible en la página web del Ministerio de Presidencia a partir del lunes para que los ciudadanos puedan hacer sus aportaciones durante 15 días.

Sáenz de Santamaría ha señalado que la nueva ley, que afectará a todas las administraciones y empresas públicas, servirá para reformar la “credibilidad” y la “confianza en las instituciones”.

El proyecto de Ley de Transparencia aprobado por el Consejo de Ministros no afectará a la Casa Real por no tratarse de una administración pública, ha aclarado este viernes la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, según recoge Europa Press.

Publicidad de los datos de las administraciones
La norma contempla medidas en tres ámbitos: obligará a las administraciones a publicitar los datos sobre los contratos, subvenciones, convenios, sueldos públicos y estadísticas sobre los servicios que presta; regulará cómo podrán los ciudadanos solicitar información pública; pondrá en marcha un código de buen gobierno.

Además, dará un “primer paso” para que el Gobierno fije cada año un “baremo” sobre los sueldos de alcaldes, concejales y presidentes de las diputaciones.

Sáenz de Santamaría ha señalado que nueva ley “refuerza las obligaciones de publicidad activa de todas las administraciones”. Cuando esté en vigor, los gobiernos central, autonómicos y locales deberán incluir en sus páginas web un “conjunto de información clave para velar por la transparencia”.

Dentro de estos datos, disponibles para cualquier ciudadano sin que haya que solicitarlos expresamente, estará la información sobre los contratos adjudicados por la administración (objeto del contrato, empresa adjudicataria, importe de licitación…), los convenios suscritos y todas las ayudas y subvenciones públicas.

De oficio, las administraciones tendrán que tener también disponibles en sus páginas web, sus presupuestos con “una descripción amplia” de las partidas y datos actualizados de su ejecución, las salarios de los cargos públicos y otras estadísticas que sirvan para evaluar la calidad de los servicios que prestan.

El ciudadano, ha señalado Sáenz de Santamaría, tiene derecho a conocer “como se contrata, como se subvenciona, como se retribuye”.

Las administraciones tendrán un mes para responder
La ley de transparencia también regulará como pondrán acceder los ciudadanos a la información que demanden. Las administraciones tendrán un mes para responder a las solicitudes.

Podrán utilizar el Portal de la Transparencia que pondrá en marcha el Gobierno o hacerlo a través de sus propias web. Sáenz de Santamaría ha señalado que le ley requiere un plazo de entrada en vigor para que las administraciones se adapten.

Según la referencia del Consejo de Ministros, “se considera información pública la que obre en poder de cualquiera de los sujetos obligados y que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones públicas, siempre que no afecte a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, la investigación y sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias”.

Inhabilitación para quien malgaste o falsee datos
Sáenz de Santamaría ha resaltado que la ley de transparencia incluye una código de buen gobierno con “rango legal”. Los “principios éticos y de actuación dejarán de ser retóricos” para ser de obligado cumplimiento con su correspondiente sanción.

Entre las infracciones se contempla: administrar el dinero público sin cumplir las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso; autorizar gastos sin tener crédito suficiente; no justificar la inversión de fondos de subvenciones; incumplir deliberadamente el nivel de deuda pública en contra de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; o incumplir las medidas de corrección previstas en los planes económicos-financieros y de reequilibrio.

La vicepresidente del Gobierno ha señalado que quien cometa estas infracciones podrá ser destituido e inhabilitado entre 5 y 10 años para cargo público. En el caso de falsear u ocultar datos contables será constitutivo de delito con la inhabilitación máxima.

El Código Penal se modificará para incluir estas nuevas sanciones. Aunque no se prevé pena de prisión para este nuevo delito, la vicepresidenta ha recordado que se establece una pena de multa y que ésta, “si no se cumple, se sustituye por la pena de prisión”, informa Efe.

Las sanciones no tendrán carácter retroactivo para las actuaciones que se hayan cometido antes de su entrada en vigor.

Control del sueldo de alcaldes y concejales
La ley de transparencia contempla, por último, que los presupuestos generales del Estado establezcan cada año el baremo al que tendrán que ajustarse las retribuciones de los miembros de las entidades locales, es decir, alcaldes, concejales y presidentes de las diputaciones provinciales.

Para fijar los sueldos máximos se tendrá en cuenta de qué entidad local se trata, la población, las circunstancias socio-económicas del entorno y otras de carácter administrativo, según recoge la referencia del Consejo de Ministros.

rtve.es

Public officials who conceal or falsify information may be disqualified for 10 years. It is one of the measures included in the bill of transparency, access to information and good governance that has addressed the Council of Ministers on Friday.

As explained by Deputy Prime Minister, Soraya Saenz de Santamaria, the new standard will also include the possibility that each year the Government set the maximum salary which may receive mayors and councilors over the general state budget.

All administrations have to be available, “actively and without any prior request” data contracts, agreements, grants, budgets and salaries of public office.

Besides, citizens may request additional data. All governments have a month to respond to any request for information to perform a citizen with the only limit to the protection of personal data and national security.

Government for it will launch a channel Transparency Portal requests. The autonomous regions and municipalities may use this platform to respond to your requests or to start their own internet platforms.

15 days to receive input from citizens
For now, the text of the transparency law, access to information and good governance, which has been subjected to a “first reading” in Council of Ministers, will be available on the website of the Prime Minister’s Office from Monday to citizens can make their contributions for 15 days.

Saenz de Santamaria noted that the new law will affect all government and public enterprises, will help reform the “credibility” and “trust in institutions.”

The Transparency Bill approved by the Council of Ministers shall not affect the royal family did not involve a public authority clarified on Friday the vice president and government spokesman, Soraya Saenz de Santamaria, as recorded by Europa Press.

Advertising data administrations
The rule provides for measures in three areas: force the government to publish data on contracts, grants, agreements, government salaries and statistics on the services provided; regulate how citizens can request public information, will launch a code of good government.

Also, give a “first step” for the Government set an annual “scale” salaries for mayors, councilors and chairmen of the councils.

Saenz de Santamaria noted that new law “reinforces the obligations of active advertising of all administrations.” When in force, the central, regional and local should include in its website a “set of key information to ensure transparency.”

Within these data available to any citizen without having to request them specifically, will the information on contracts awarded by the administration (under contract, contractor, bidding amount …), the agreements signed and all aid and public subsidies.

In trade, the government will have to be also available on its website, their budgets to “a comprehensive picture” of the updated data items and their execution, the salaries of public officials and other statistics relevant to assessing the quality of services they provide.

The citizen, said Saenz de Santamaria is entitled to know “as is hired as eligible, as are rewarded.”

The authorities have one month to respond
The transparency law will also regulate and citizens access to information they demand. The authorities have one month to respond to requests.

They may use the Transparency Portal to be launched by the government or do through their own website. Saenz de Santamaria stated that law requires a period of entry into force for administrations to adapt.

According to the reference of the Council of Ministers, “is considered public information which is held by any of the obligors and has been developed or acquired in the exercise of public functions, provided they do not affect national security, defense , foreign affairs, public security or the prevention, investigation and punishment of criminal offenses, administrative or disciplinary action. “

Disqualification who wasted or distorted data
Saenz de Santamaria stressed that the transparency law includes a code of good governance “legal status”. The “ethical principles and cease to be rhetorical action” to be enforced with a corresponding penalty.

Among the offenses referred to: manage public money without complying with the provisions governing the assessment, collection or payment, authorize expenditures without sufficient credit, do not justify the investment of grant funds; deliberately breaching the level of public debt against the provisions of the Organic Law of Budgetary Stability and Financial Sustainability, or failure to comply with corrective action plans under the economic-financial and rebalancing.

The Deputy Prime Minister has said that anyone who commits these offenses may be dismissed and disqualified from 5 to 10 years for public office. In the case of misrepresenting or concealing accounting data is a criminal offense with the maximum disqualification.

The Penal Code was amended to include these new sanctions. Although not expected prison sentence for this new offense, the vice president recalled imposing a fine and that she, “if not met, is replaced by imprisonment”, Efe reported.

Sanctions will not retroactively for actions that were committed before its entry into force.

Control of the salaries of mayors and councilors
The transparency law provides, finally, that the general state budget each year to establish the scale that will have to adjust the salaries of members of local authorities, ie, mayors, councilors and chairmen of county councils.

To set the maximum salaries are taken into account is what local entity, population, socio-economic circumstances of the environment and other administrative, as recorded by the reference of the Council of Ministers.

rtve.es

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